Estiman más déficit en el Sistema previsional cordobés. 2010/2020

Un estudio actuarial realizado por la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba sobre el sistema previsional y su proyección hasta el 2020, pone de manifiesto que los aproximadamente 173 mil aportantes que tiene el sistema en la actualidad, llegarían en el año 2020 a unos 210 mil. Se supone así la designación de 79 mil nuevos empleados en la próxima década, de los cuales 42 mil reemplazaría a las bajas por jubilaciones y 37 mil implicaría un crecimiento neto del empleo público. La evolución financiera proyectada es un derivado directo del comportamiento que se proyecta en la relación activos/pasivos. Se estima que en el año 2020 el sistema registrará un déficit previsional del orden de los $1.750 millones (a precios del año 2010) con una cobertura del gasto con ingresos propios del 74%, es decir 3 puntos porcentuales menos que en el 2010.

Respecto de la población beneficiaria se partió del total de jubilados y pensionados actuales, de cada uno de los 8 sectores que integran el sistema, y sobre ellos se fueron aplicando, año a año, la cantidad de altas y bajas de jubilaciones y pensiones proyectadas. Para esta estimación se consideraron los requisitos de acceso a beneficios que fija la normativa vigente y se aplicaron técnicas actuariales, teniendo en cuenta las edades, sexo y estado civil de los pensionados, jubilados y aportantes. Como resultado de la proyección aparece que de cerca de 91 mil beneficiarios que el sistema tiene en la actualidad, se llegaría al año 2020 con aproximadamente unos 112 mil.

Medido entre las dos puntas de la proyección, aparece un crecimiento del 23%, es decir un aumento superior a la cantidad de aportantes. Sin embargo, el rasgo saliente es que en los primeros años se registraría un cierto equilibrio entre altas y bajas, generando un crecimiento muy moderado en el total de beneficiarios. Evaluado en perspectiva, se trata de la continuidad de la tendencia que se observa desde el año 2006. Sin perjuicio de ello, el estudio alerta que, a partir del año 2013 aproximadamente, se comenzaría a registrar una creciente brecha entre las altas y las bajas previsionales, produciendo un aumento importante en la cantidad de beneficiarios.

Mirando a las pensiones se detecta una regularidad a lo largo de los 10 años de proyección, en la que las altas son mayores a las bajas en alrededor de 400 beneficios por año. Este proceso tiene una moderada incidencia ascendente en el total de beneficios pagados por el sistema.

Por el contrario, con relación a las jubilaciones hay cambios muy acentuados a lo largo de la década. Mientras que en los primeros años hay cierta equivalencia entre altas y bajas, esta tendencia cambia a mitad del período de proyección cuando aumentan considerablemente las altas. A partir del año 2016 las altas jubilatorias prácticamente duplican a las bajas produciéndose un fenómeno de alta incidencia como determinante del crecimiento en el total de la población cubierta.

Conjugando la proyección de la cantidad de aportantes con la de beneficiarios es factible trazar en prospectiva la evolución de la relación entre activos y pasivos. Se trata de una variable clave desde el punto de vista de la sustentabilidad financiera del sistema ya que refleja con qué cantidad de aportantes se cuenta a los fines de afrontar el pago de los haberes de la población beneficiaria.

En el punto de partida de la proyección - año 2010 – se estima una relación activo/pasivo de 1,9, es decir que se cuenta con poco menos de dos activos para financiar las prestaciones de cada jubilado o pensionado. Este ratio mejora en la primera parte de la proyección, llegando en el año 2014 a 1,98. El fenómeno está asociado a que mientras la población aportante mantiene el crecimiento de los últimos años, la cantidad de pasivos muestra cierta estabilidad. A partir del año 2015 el proceso se revierte, es decir que la cantidad de beneficiarios crece a un ritmo superior a la de los aportantes. Esto deriva en un descenso en la relación activo/pasivo hasta ubicarse en un nivel muy parecido al observado al inicio de la proyección (1,87 hacia el año 2020).

La evolución financiera proyectada es un derivado directo del comportamiento que se proyecta en la relación activos/pasivos. En el año base, el sistema registra un déficit previsional puro (es decir, sólo considerando los gastos por pago de prestaciones y los ingresos derivados de aportes y contribuciones) del orden de los $1.230 millones. Esto implica que con los recursos derivados de los aportes y contribuciones, el sistema cubre aproximadamente el 77% de las erogaciones que demanda pagar las jubilaciones y pensiones. En términos reales, es decir sin considerar la inflación, la proyección muestra que hasta el año 2014 el déficit se reduce, llegando a una cobertura de gastos con ingresos propios del orden del 80%. A partir de la mitad del periodo de proyección el proceso se revierte y se inicia una caída en la sustentabilidad del sistema. Se llega en el año 2020 a una estimación aproximada de déficit del orden de los $1.750 millones (a precios del año 2010) y con una cobertura del gasto con ingresos propios del 74%, es decir 3 puntos porcentuales menos que en el punto de partida de la proyección y 6 puntos menos que la que se alcanzaría hacia el año 2014.

Simplificando al extremo la presentación, cuyo desarrollo detallado se presenta en el Anexo del documento, cabe destacar que la Administración Pública Provincial muestra estabilidad en su incidencia en el déficit global del sistema (mantiene una participación del 16% en el déficit total del sistema). Esto es consecuencia de que su desequilibrio crece al mismo ritmo que el promedio. En el caso de la Municipalidad de Córdoba y Bancarios el crecimiento del déficit es menor que el promedio, es decir que en términos relativos disminuye su incidencia en el desequilibrio total (del 8% cae al 6% en el desequilibrio total entre los años 2010 y 2020 en la Municipalidad de Córdoba y del 27% al 20% en Bancarios). Por otro lado, EPEC es el único sector con una caída del déficit en términos absolutos; de esta forma reduciría parcialmente su fuerte desequilibrio (pasa de representar el 14% del déficit en el año 2010 al 5% en el año 2020).

La tendencia contraria se manifiesta en tres sectores en los que la legislación contempla requisitos de retiro especial. Por un lado, tiene alta incidencia para el consolidado del sistema el fuerte crecimiento del déficit en el sector Docente (de una participación del 27% en el déficit del año 2010 pasa al 35% en el año 2020). También aumentan su participación en el déficit los sectores Seguridad (pasa del 13% al 14%) y Poder Judicial (pasa del 2% al 3% del desequilibrio total). Otro dato negativo es que el sector Municipios del Interior pasa de una situación de superávit a otra de prácticamente equilibrio entre ingresos y gastos.

El Estudio

Los estudios actuariales hacen a la esencia de la previsión social. Ayudan a diagnosticar correctamente el presente y contribuyen a que la toma de decisiones sea consistente con la sustentabilidad y mejora permanente de los sistemas en el futuro. Cuando no se utilizan estas herramientas, los sistemas se degradan, al punto de convertirse en meros liquidadores de beneficios. Más importante aún es que ante su ausencia se abren brechas por las que se filtran acciones improvisadas y oportunistas, cuyos perjuicios son difíciles de revertir.

Estas son las razones que llevan a considerar como una línea de trabajo prioritaria, dentro de las buenas prácticas previsionales, la publicación periódica de estudios actuariales sobre los sistemas jubilatorios. Prueba de ello son las legislaciones previsionales de los países más avanzados (y de algunos de desarrollo intermedio) que incluyen reglas para establecer directrices sobre la forma de hacer los estudios y determinan las acciones a seguir en función de sus resultados; constituyéndose así un insumo potente

para el diseño de las políticas previsionales. Los casos más notables son aquellos que incorporan el mandato de introducir adecuaciones paramétricas en los sistemas cuando los estudios pronostican desvíos que ponen en riesgo su sustentabilidad financiera.

En el sistema previsional de Córdoba se contemplan disposiciones que tienen esta orientación. En concreto, el art. 1º de la Ley 8.587 establece, entre los deberes del Directorio de la Caja, “ordenar la elaboración de un estudio actuarial que deberá ser actualizado anualmente, el cual no tendrá carácter reservado”. Es clara la intención del legislador de que la Caja cuente con herramientas para proyectar la

evolución del sistema y que ellas estén sometidas al escrutinio público. Así se confirmaría la vocación de que tengan incidencia en el diseño de la política previsional.

Cabe alertar que la evolución del empleo público es una de las variables claves para la proyección sobre las que impera mayor nivel de incertidumbre. La proyección se realizó bajo el supuesto de que el empleo seguirá creciendo en los próximos años a un ritmo similar al que lo hizo en el pasado.

El supuesto adoptado se corresponde con la tendencia observada en la evolución del empleo público en las últimas décadas. Si bien implica una moderada reducción, este ajuste se considera pertinente por el hecho de que la tasa de crecimiento de la población total de la Provincia, se seguirá reduciendo en los próximos años y, por lo tanto, al menos desde el punto de vista cuantitativo, cabe prever un crecimiento más lento de la demanda de servicios públicos. Otro punto a tener en cuenta es que la presión tributaria viene creciendo intensamente en los últimos años, de manera que serán crecientes las dificultades para seguir aumentando la captación de fondos para el financiamiento del Estado, en particular para cubrir las erogaciones que demanda el pago de los salarios públicos.